El Gobierno mexicano ha publicado el informe, con vídeo incluido, de la detención temporal de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, en el marco de una comparecencia en la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que las autoridades optaron por evitar "daños colaterales" al proceder a su liberación y que, pese a todo, no hay "impunidad" en México.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de octubre en la capital de Sinaloa, Culiacán, convertida en campo de batalla durante horas tras la detención de Ovidio Guzmán. El ministro de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, ha explicado los detalles de un operativo que llevó a las 14.30 (hora local) al asedio a la vivienda donde se encontraba el hijo de 'El Chapo'.

El vídeo muestra a efectivos del Ejército y la Guardia Nacional rodeando una vivienda en Culiacán y reclamando la salida de quienes se encontraban en su interior, entre ellos Guzmán, que sale con las manos en alto tras una mujer. Las fuerzas de seguridad preguntan si está armado, a lo que él responde con una negativa y defendiendo la inocencia del resto de inquilinos.

A continuación, aparece hablando por teléfono --Sandoval ha explicado que habla con su hermano-- y reclama a las autoridades que "paren todo". "Ya no quiero que haya desmadres", afirma, en lo que sería sin embargo el inicio de una lucha sin cuartel que concluía horas después con la orden del Gobierno de proceder a la liberación de Ovidio Guzmán --de la que no se han difundido imágenes--.

López Obrador ha defendido durante su rueda de prensa diaria la actuación del Ejecutivo, alegando que la prioridad fue "proteger la vida de los ciudadanos", tanto de los civiles como de los efectivos de seguridad. "Podrán cuestionarnos nuestros adversarios (...), pero esta es una nueva política. Pensamos que el uso de la fuerza no es la opción", ha subrayado.

El mandatario, que ha apostado por la transparencia para despejar posibles dudas, ha reconocido que fue "una circunstancia compleja" y ha llamado a "atender las causas" subyacentes a la delincuencia organizada, que ha atribuido al "abandono del pueblo". "Esto no significa que vamos a incumplir la ley, que va a haber impunidad", ha matizado, defendiendo que en México "hay un auténtico Estado de Derecho".

"Un tropiezo táctico"

El ministro de Seguridad, Alfonso Durazo, también ha señalado que "un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad", basada en el respeto de los Derechos Humanos. Con el actual Gobierno, ha añadido, "no se ha utilizado ni se utilizará la fuerza pública para reprimir, nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado".

"Lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando el retorno a la paz", ha explicado Durazo, quien considera que lo "fácil" habría sido recurrir "a un combate de exterminio sin cuartel". "Habríamos ganado, ¿pero a qué coste?", ha apostillado.

El caso ha vuelto a reabrir el debate sobre la supuesta impunidad en un país que durante años ha tenido a 'El Chapo', líder del cartel de Sinaloa, como uno de los principales símbolos del narco. Con dos fugas de prisión a sus espaldas, 'El Chapo' está ahora preso en Estados Unidos, donde fue condenado en julio a cadena perpetua por delitos de tráfico de drogas y asesinatos.